Con el objetivo de establecer disposiciones en apego a los ordenamientos normativos generales en materia de salud y de detección del cáncer, la diputada Frinné Azuara Yarzábal propuso una iniciativa para expedir la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia del Estado.
Con esta nueva legislación, se busca coordinar de mejor manera la estrategia para canalizar los recursos materiales y humanos que requieren los menores de edad en el tratamiento de este padecimiento, de acuerdo con su condición física, garantizando con ello el derecho a la salud, del interés superior de la niñez y a la vida.
Indica que que el cáncer infantil y adolescente constituye una de las principales causas de mortalidad en menores de 18 años en México, con predominio de leucemias, linfomas y tumores del sistema nervioso central.
Además, señaló que la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, establece derechos y obligaciones que deben ser replicados y fortalecidos en el ámbito estatal.
Azuara Yarzábal manifestó que dada la dificultad para prevenir dicha enfermedad, los esfuerzos deben ir enfocados a facilitar revisiones constantes, a brindar educación y concientizar en el tema y con ello lograr diagnósticos tempranos que faciliten acceder a tratamientos exitosos, sin dejar de lado todo el andamiaje legal necesario para que, una vez detectada la enfermedad en el menor, se le pueda brindar un tratamiento adecuado, amplio e integral que abone a una recuperación progresiva con calidad de vida.
Aseguró que expedir una Ley de la materia en San Luis Potosí, asegurará la implementación de las medidas necesarias para el funcionamiento de la coordinación estatal del Centro y el Consejo, de la Red de Apoyo contra el Cáncer en la infancia y Adolescencia, y contribuir en el Registro Nacional de Cáncer en la infancia y Adolescencia.
La legisladora señala que esta iniciativa, nace no solo de la necesidad jurídica de adecuación normativa, sino que también de una queja social, de una constante violación a los derechos humanos de las y los niños que no han podido acceder a tratamientos oportunos y de calidad, que no cuentan con la protección suficiente para que le sean garantizados sus derechos inherentes y puedan gozar de una calidad de vida digna.
La iniciativa se analiza en las Comisiones de Salud y Asistencia Social; y de Hacienda del Estado.
