¿Qué significa ser ciudadana o ciudadano de un país? ¿Cuánto vale un pasaporte? Un nuevo programa del Gobierno argentino reavivó el debate en torno a la ciudadanía, los derechos y obligaciones que conlleva y el camino para adquirirla.
En el cuarto trimestre de 2026, comenzará a operar un programa que permitirá obtener la ciudadanía argentina a cambio de una inversión.
Según el Gobierno de Javier Milei, esta transacción se podrá realizar por dos vías: un aporte directo y no reembolsable de 350.000 dólares estadounidenses al Tesoro Nacional, o la suscripción de un título público específico por 800.000 dólares. En este último caso, los inversores prestan dinero al Gobierno para financiar una finalidad determinada.
«Es importante señalar que no se trata simplemente de pagar una cantidad y recibir automáticamente la ciudadanía», recalca Enrique L. González, director General de F2F Invest Latam, una firma de asesoría financiera e inmobiliaria en América Latina y el Caribe.
«El marco establecido prevé una evaluación del solicitante y controles por parte de distintos organismos argentinos en materia de seguridad, antecedentes y origen de los fondos. La Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión evalúa la solicitud y posteriormente emite una recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, que es la que resuelve», explica González, en declaraciones a DW.
Argentina no es el primer país de la región en lanzar un programa para adquirir la ciudadanía por inversión. Con aportes mínimos de alrededor de 200.000 dólares, cinco pequeños países caribeños ofrecen la posibilidad de convertirse en su ciudadana o ciudadano: Antigua y Barbuda, Santa Lucía, Dominica, Granada, y San Cristóbal y Nieves. Para ello, la persona solicitante ni siquiera tiene que residir en el país o pagar impuestos.
Sin embargo, la Unión Europea solicita que los cinco Estados del Caribe pongan fin a sus programas hasta junio de 2028. De lo contrario, amenaza con suspenderles el acceso al bloque comunitario sin visado.
Apenas hace un año, un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló el programa de ciudadanía por inversión de Malta, alegando que «el vínculo de nacionalidad con un Estado miembro reside en la relación especial de solidaridad, de lealtad y de reciprocidad de derechos y deberes entre dicho Estado y sus ciudadanos».
Por ende, prosiguió la sentencia, la adquisición de la ciudadanía «no puede ser el resultado de una transacción comercial».
Con información de: DW
