Con el objetivo de ampliar las conductas consideradas como viol3ncia psicológica en el Código Penal del Estado, la diputada Roxanna Hernández Ramírez propuso una iniciativa para reformar dicho apartado.
La legisladora señala que actualmente el Código Penal del Estado considera la viol3ncia psicológica como actos de intimidación o amenazas que generan miedo, así como acciones destinadas a aislar a la víctima de sus amistades, familia, escuela o trabajo. Sin embargo, el texto vigente no incorpora de manera expresa diversas conductas que hoy son comunes y que representan mecanismos claros de control emocional y dominación.
Por ello, se busca la incorporación expresa de actos reiterados de acecho, persecución, h0stigamiento, ac0so, humill4ción o alteración realizados en espacios frecuentados por la víctima, como en el domicilio, centro de trabajo, escuela, con la finalidad de ejercer control, presión, sometimiento o afectación emocional; o en forzarla a aislar se de sus amistades, de su familia, de la escuela o del trabajo.
Con esto, se pretende reconocer juridicamente formas de violencia que muchas veces son minimizadas pese a que generan graves consecuencias emocionales y psicológicas.
El impacto de este tipo de violencia puede derivar en depresión, trastornos de ansiedad, aislamiento social, pérdida de autoestima e incluso consecuencias físicas relacionadas con el estrés prolongado.
Señala que muchas mujeres viven bajo presión permanente por temor a ser vigiladas, perseguidas o humill4das por sus agr3sores, situación que limita su libertad y su desarrollo personal.
Esta propuesta también fortalece el acceso a la justicia, ya que permitirá a las autoridades identificar con mayor claridad conductas constitutivas de viol3ncia psicológica, evitando interpretaciones limitadas de la ley y otorgando mayores herramientas para la protección de las víctimas.
Reconocer expresamente estas acciones en el Código Penal representa un avance importante para visibilizar formas de viol3ncia que históricamente han sido normalizadas.
La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión Primera de Justicia.
