La iniciativa de reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME) busca otorgar atribuciones al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para investigar y sancionar la intervención extranjera en los procesos electorales pero sin recibir una mayor asignación presupuestal.
El dictamen que se presentará a la Comisión de Reforma Político-Electoral establece la injerencia externa como una causal explícita de nulidad de las elecciones federales y locales.
La iniciativa será turnada a comisiones de la colegisladora para ser analizada y discutida por ambas Cámaras en el próximo periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, mismo que fue convocado por la Comisión Permanente el pasado 21 de mayo, observando las disposiciones de los artículos 67 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De acuerdo con el dictamen de la Comisión de Reforma Política-Electoral, la reforma no contempla la creación de nuevas instituciones, sino que las autoridades actuales absorberían las funciones de investigación y sustanciación dentro de sus estructuras vigentes.
El TEPJF será el órgano competente para resolver sobre la actualización de estas causales, valorando las pruebas bajo principios de legalidad, certeza y objetividad.
Por su parte, el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) estarían facultados para investigar conductas complejas provenientes del exterior, tales como:
Financiamiento ilícito y propaganda extranjera.
Difusión sistemática de desinformación o manipulación digital coordinada desde fuera del territorio nacional.
Actos de presión política, económica o diplomática que busquen alterar la voluntad popular.
Con información de: La Silla Rota
