La resolución de la “nueva” Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en cuanto a la deuda fiscal de Grupo Salinas detonó preocupación e incertidumbre jurídica frente a otros casos que están próximos analizarse y que implican disputas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Se trata de litigios de la autoridad fiscal con la empresa surcoreana Samsung y ocho maquiladoras, quienes señalan que se les quiere aplicar una doble tributación derivada de una interpretación a las reglas.
La empresa surcoreana Samsung Electronics mantiene una disputa legal por 6,714 millones de pesos que el SAT reclama por concepto de IVA no retenido entre 2019 y 2023.
Mientras que en el caso de ocho empresas maquiladoras, exigen la devolución del IVA que ya se les cobró por una nueva interpretación. Si la Corte les concede la razón, el SAT estaría obligado a la devolución de 46,000 millones de pesos.
Tanto como Samsung las maquiladoras reclaman la vigencia de las reglas del programa IMMEX, un esquema que permite a las empresas importar temporalmente componentes necesarios para su producción y sus procesos de transformación, sin pagar IVA, siempre que el producto final se exporte.
No obstante el Pedimento V5 permite que los productos se «exporten virtualmente», pero se queden en el mercado nacional para fines logísticos y de reducción de trámites y costos.
De acuerdo con la autoridad fiscal, ese mecanismo del programa IMMEX fue utilizado de forma abusiva por algunas compañías exportadoras y generado evasiones fiscales, por lo que en 2019 modificó su interpretación y consideró que si la mercancía está en México, se debe aplicar el Impuesto al Valor Agregado, pero como también se está “importando” debe causar IVA.
La tecnológica surcoreana argumenta que se trata de operaciones documentales entre empresas IMMEX que participan sucesivamente en la cadena de producción antes de la exportación final, por lo que no ameritan pago de IVA y hacerlo implicaría un pago doble.
La Corte atrajo este caso, luego de una contradicción de criterios, ya que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y el Pleno Administrativo de la Región Centro Norte dieron la razón a las empresas, pero en diciembre pasado un Tribunal Colegiado con sede en Yucatán falló a favor del SAT y en contra de una maquiladora, a la que se requirió el pago de un crédito fiscal de 9.2 mdp.
Con información de: Expansión
