Gamaliel Vázquez
Los perfiles propuestos a ocupar la Fiscal Anticorrupción y de Delitos Electorales, militan en partidos políticos y eso ha puesto en duda la plena independencia de las tareas en referencia a la persecución de los delitos, por lo que nuevamente el gobernador le ha apostado a perfiles que serían rechazados al alcanzar la venia del Legislativo local, indicó el presidente del PAN en San Luis, Xavier Azuara Zúñiga.
Lamentó que después de un fracaso político que significó el rechazo de las primeras ternas propuestas por Juan Manuel Carrera López, nuevamente se haya promovido a perfiles que no alcancen la mayoría calificada en el Congreso del Estado.
Dijo que así, el gobernador tendría la facilidad de hacer un nombramiento dentro de las ternas a quien ahora él propone como fiscales «a modo», Jorge Vera y Javier Montalvo.
Señaló que Javier Montalvo Pérez, quien es propuesto para ocupar la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, aparece como un militante del priismo potosino bajo una afiliación nacional del PRI, mientras que Jorge Vera Noyola es un funcionario del gobierno actual y destacado militante del Partido Conciencia Popular, cual preside su papá, el actual diputado Oscar Vera Fábregat y de ello son las objeciones del PAN.
Dijo que éstos no están impedidos para ejercer el cargo, pero su nombramiento no es deseable porque de ello, la Fiscalía General lejos de garantizar su independencia en las tareas de procuración de justicia, partidiza aún más la persecución de los delitos, volviendo a las fiscalías especializadas en un arma que pudiera usarse discrecionalmente durante el proceso electoral contra la oposición.
Además de lo anterior, dijo que éstas no cumplen con los objetivos que demanda el Sistema Estatal Anticorrupción, que es el tener completa autonomía para ejercer la imparcialidad en la aplicación de la justicia.
Indicó que los diputados del Partido Acción Nacional nuevamente votarán en rechazo a las propuestas del ejecutivo para la ocupación de estas fiscalías, lo que restará a una imposición del gobernador toda legitimidad.
