San Luis Potosí se ha mantenido en una constante atracción a la inversión extranjera, beneficiando su población, y en especial debería de haber un impacto positivo en los empresarios locales, pero la corrupción que impera en la directiva de compañías transnacionales en complicidad con ex funcionarios del orden estatal, los empresarios potosinos se han visto perjudicados en materia financiera recientemente.
Un recuento es el tema de la Ford; empresa del ramo automotriz que decidió cancelar una inversión de mil 600 millones de dólares en el Estado para llevarlo a la nación estadounidense sin haber tomado en cuenta las situaciones de riesgo a las inversiones que se habían realizado hasta el día en que decidió cancelar su planta en la entidad, dejando endeudados y con pérdidas millonarias a diversos actores industriales potosinos.
Recientemente el optimismo ha dejado verse en el escenario estatal tras el anuncio de que Ford iría a cubrir la deuda con el Estado, comprometiéndose al pago anticipado de 65 millones de dólares; recurso que deberá aplicarse en diversas obras que se serán traducidas en un beneficio para los potosinos.
A cuenta de ello, las inversiones que podrían llegar a ejecutarse con la partida que Ford refrendará al Gobierno del Estado, no deben ser exclusivas para el goce del capital foráneo, sino que a su vez las acciones deben ser ejecutadas por empresas potosinas.
Es una lógica que la inversión extranjera sea benéfica para el Estado, pero también cada centavo que se inyecta a la entidad, representa una obligación para el Gobierno estatal, al tener que defender y mantener el bienestar y el derecho de las empresas originarias de San Luis intactos.
La contrariedad de esta situación se avistó en tiempos torancistas cuando la actitud omisa y de complicidad que mostró el hoy exgobernador Fernando Toranzo Fernández al ser operador de empresas trasnacionales con la intención de favorecerse él y sus allegados, sin importar que los empresarios potosinos se verían perjudicados.
De ello fue el caso de la empresa americana fabricante de marchas y alternadores antes establecida en esta ciudad capital, justamente en el parque Tres Naciones, misma que salió recientemente del Estado tras haber defraudado a varios empresarios potosinos.
Fue el caso de la empresa Corporativo Industrial y Empresarial LORVA, S. de R.L. de C.V., cuyo gerente general, José Antonio Lorca Valle, tuvo que acudir a las instancias legales correspondientes en búsqueda del amparo de la justicia al verse defraudado por parte de la empresa Remy Componentes S. de R.L. de C.V., la cual no cumplió de acuerdo a la sentencia del Juez Federal con los términos de contratos firmados y por la falta a pagos documentados con facturas por servicios ya prestados.
Uno de los juicios promovidos por este último, el Juez competente le dio la razón a la empresa potosina, no obstante, la administración estatal pasada le proveyó abogados cercanos al exmandatario para poder encubrir el ilícito. Así mismo la oficina de Comunicación Social de aquel entonces, pasó millonarias cantidades a medios de comunicación masivos a nivel nacional para difundir la denuncia sobre supuestas extorciones practicadas por empresarios locales y tendientes a favorecer en todo momento a las empresas extranjeras.
Pendiente de esta situación, en el escenario actual del Gobierno de Juan Manuel Carreras López se teme que el gobierno torancista renazca en la actual administración al tenerse como sucesor del titular responsable de SEDECO a Gustavo Puente Orozco, de quien podría decirse que cumple con todo el perfil y las practicas que caracterizaban a sus antecesores al deberle a los extranjeros y trabajar para ellos, olvidándose de defender los derechos de los empresario potosinos.