La compañía canadiense Orla Mining, operadora de la minera Camino Rojo, anunció el relevo de Rafael Sánchez como director general de esa empresa en Zacatecas, como parte de las acciones “claves” asumidas luego de ser acusada por el panel del mecanismo de resolución rápida de controversias del T-MEC de haberse asociado, en 2024, con presuntos integrantes del cártel de Sinaloa para amenazar a trabajadores mineros, en perjuicio de sus derechos de libre asociación sindical.
En un comunicado emitido en Vancouver, con fecha 4 de mayo, la trasnacional dio a conocer que tomó “medidas concretas para salvaguardar los derechos laborales y abordar otras preocupaciones” en su mina mexicana, entre ellas relevar de su cargo al director general.
Por conducto de Jason Simpson, presidente y director ejecutivo de Orla Mining, la empresa propietaria de la concesión ubicada en el semidesierto de Mazapil afirmó: “estamos comprometidos a promover la seguridad y el bienestar de nuestros empleados y a respetar plenamente sus derechos laborales… reconocemos la gravedad de las conclusiones del panel y estamos tomando medidas para fortalecer las operaciones de Camino Rojo”.
La minera –que abarca derechos de explotación y extracción en 138 mil hectáreas en inmediaciones de la comunidad de San Tiburcio– reconoció que estas acciones responden a la resolución emitida en marzo pasado por el panel del T-MEC, que concluyó que en Camino Rojo “se habían denegado derechos relacionados con la libertad de asociación y la negociación colectiva”.
Según Orla Mining, el panel reconoció previamente que la minera había adoptado medidas de remediación junto con el gobierno de México e identificó nuevas acciones para fortalecer la protección de derechos laborales.
En ese contexto, la empresa aseguró que colabora “constructivamente” con autoridades gubernamentales para atender las recomendaciones, garantizando “cumplimiento continuo, estabilidad operativa, seguridad de los trabajadores y respeto a sus derechos”.
Orla Mining adelantó que impulsará en su complejo minero la “neutralidad en asuntos sindicales”, acción a través de la cual “está tomando medidas para garantizar que este compromiso se entienda y se aplique de forma coherente en todas sus operaciones”.
Admitió que “como se reveló al final del segundo trimestre de 2025 (no indica dónde), Camino Rojo identificó pruebas de posible actividad criminal en la mina y contrató a un abogado externo para realizar una revisión exhaustiva, que ahora está prácticamente completada”.
La compañía notificó voluntariamente sus conclusiones a la Oficina del Fiscal General en México, a la Real Policía Montada de Canadá y al Departamento de Justicia de Estados Unidos, y continúa cooperando con las autoridades.
Con información de: La Jornada
