El ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez y Felipe Flores Velázquez, entonces secretario de Seguridad Pública municipal, así como otras 26 personas, fueron condenados a 60 años de prisión por los homicidios calificados de seis personas, entre ellos por el asesin4to de Julio César Mondragón Fontaine, estudiante de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, en hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014, que concluyeron con la desaparición de otros 43 alumnos.
También se les condenó por delito de h0micidio simple en grado de tentativa en agravio de 61 personas vinculado con el ataque perpetrado por la Policía Municipal en contra el equipo de Futbol Los avispones en septiembre de 2014.
Julio César Mondragón participó en las movilizaciones que realizaron sus compañeros de la Normal de Ayotzinapa el 26 de septiembre en Iguala. Él intentó huir ante los disp4ros que les hicieron los policías municipales, pero al día siguiente se encontró su cadáver, sin rostro.
La sentencia de Irving Joan González Balleza, juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Matamoros, Tamaulipas, establece que Abarca Velázquez actuó como inductor, y que Flores Velázquez como autor mediato. Es decir, un tribunal reconoce que autoridades del Estado están en el origen de estos crím3nes.
Los abogados del ex entonces presidente municipal de Iguala impugnaron el fallo de primera instancia para que el caso se turne a un tribunal colegiado quien determinará si confirma, modifica o revoca el fallo del juzgador.
Abarca Velázquez ingresó en 2014 al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, que se localiza en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, luego de ser detenido por su presunta responsabilidad en la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, pero en mayo de 2025, un juez federal en materia de amparo y juicios federales del Estado de México informó que fue trasladado al penal federal de Coahuila, tras permanecer más de 10 años en el penal del máxima seguridad.
Con información de: La Jornada











































