Durante el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y los gobiernos estatales gastaron con presuntas irregularidades mil 568 millones de pesos de recursos federales destinados a la educación; de este monto, 159 millones 871 mil pesos sirvieron para pagar a 260 personas con actividades en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la poderosa organización gremial aliada de Morena.
Una revisión de Proceso a 32 auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a los 31 gobiernos estatales y a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) revela un padrón en el que 12 gobiernos estatales, 10 de ellos de Morena –junto con los dos del PRI– utilizaron los recursos federales para el gasto de nómina educativa para pagar cantidades millonarias al SNTE. Esta situación fue detectada principalmente en la Ciudad de México y en Sonora, dos bastiones del partido en el poder.
Algunas secretarías de Educación estatales también gastaron cerca de 70 millones de pesos en pagar sus nóminas a 209 docentes que desempeñaban, a la par, cargos de elección popular, una situación particularmente visible en Oaxaca y en Chiapas, y erogaron por lo menos 633 millones de pesos para pagar sus sueldos a mil 338 personas que laboraban en dos escuelas distintas al mismo tiempo.
Y el monto total de las irregularidades pudo ser mucho mayor: al revisar cómo los gobiernos estatales gastaron los 541 mil 45 millones de pesos de recursos federales del llamado Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) –con la que el gobierno federal contribuye al funcionamiento de 121 mil 753 escuelas y al pago de más de un millón de trabajadores de la educación básica y normal–, la ASF recuperó más de 530 millones de pesos, que las administraciones locales reembolsaron a la federación.
En un documento que dio cuenta sobre sus principales hallazgos en la revisión del FONE, la ASF recalcó que las autoridades estatales no aplicaron controles adecuados en las escuelas para verificar que los docentes acudan a las escuelas en lugar de estar dedicados a sus labores en el SNTE o a sus carreras políticas.
Aparte, el ente fiscalizador detectó que en 12 entidades las contrataciones de bienes y servicios realizadas con los recursos federales “carecieron de requisitos del proceso de adjudicación” o que los dictámenes de adjudicación directa “no estuvieron debidamente fundados y motivados”, mientras la SEP careció de una buena regulación del dinero ejercido.
Con información de: Proceso
