Por Gamaliel Vázquez
El pasado sábado durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a San Luis Potosí, las inmediaciones de la Arena Potosí fueron escenario de una estampa que obliga a una pausada reflexión sobre la logística y la ética en la política de masas, al convocar a personas adultas mayores a mítines masivos.
Al concluir el acto multitudinario, una mujer de la tercera edad sufrió un desvanecimiento que encendió las alarmas, dejando ver destellos de empatía, pero también fisuras estructurales que merecen ser analizadas.
El momento más destacado ocurrió cuando la mandataria detuvo su marcha para aproximarse a la ciudadana potosina afectada, pidiendo espacio para que pudiera respirar mientras se esperaba auxilio.
Aunque este gesto reflejó la esperada sensibilidad de los cercanos, el incidente puso de relieve la tardanza en la llegada de la atención médica y evidenció la falta de análisis a protocolos que deberían ser inmediatos y altamente eficientes en eventos donde hay gran aglomeración de personas.
Pero un detalle aún más preocupante que fue que la mujer mayor no iba acompañada de familiares, ni de personas cercanas, sino que iba dentro de un contingente organizado que se desentendió de ella cuando sufrió el desvanecimiento.
Al momento de que la presidenta Claudia Sheinbaum se acercó a brindar atención a la mujer afectada, se oyó entre la multitud la pregunta si había algún familiar de la mujer, pero nadie respondió. Al repetirse la pregunta se escuchó a metros: «nosotros venimos con ella».
Es entendible que no hayan querido estar cerca porque ¿quién iba a querer cargar con la responsabilidad de acompañar a la mujer a un hospital si se hubiera agravado la situación?
Por ello, es necesario abrir un debate sobre el nivel de responsabilidad al trasladar a poblaciones vulnerables a mítines masivos sin el debido cuidado directo.
Si profundizamos en el tema se renuevan las sospechas sobre una posible presión hacia beneficiarios de apoyos sociales para asegurar su asistencia a este tipo de actos políticos, aún sabiendo de que pueden estar sujetos a ciertos incidentes, como este por ejemplo.
De las interrogantes, hay una en particular sobre la responsabilidad legal en caso de un desenlace fatal. ¿Si hubiera fallecido la mujer, en quién iba a caer la responsabilidad?
Hay que recordar que los organizadores de eventos masivos tienen la obligación de implementar estrictas medidas de protección civil, así como contar con personal médico suficiente para atender emergencias, porque al haber negligencia en la respuesta médica o en la seguridad del recinto ante una situación de esta naturaleza, la responsabilidad jurídica, tanto la vía civil como la penal, recaería directamente sobre los coordinadores del acto público. Pero en este caso ¿En quién iba a recaer la responsabilidad?
¿Se va a actuar pronto? ¿O será necesario esperar a que haya una desgracia para impulsar una reforma que garantice que ningún partido político o sus integrantes pueda «acarrear» a personas adultas a este tipo de eventos?
Se debe entender que parte de hacer política en el servicio público no solomente es hacer convocatoria masiva para rellenar espacios vacíos, pues también se debe garantizar que el ciudadano más frágil convocado regrese a su hogar sano y seguro.
