El gobierno de Perú declaró emergencia en cinco penales considerados de alta peligrosidad en todo el territorio “por perturbación a la paz y el orden público” y sobrepoblación, concediendo a la fuerza pública la competencia del control de los centros.
El decreto, que se dio a conocer el sábado con su publicación oficial en el medio estatal “El Peruano”, fue suscrito la víspera por la presidenta Keiko Fujimori. Señala que la emergencia regirá por 60 días y se aplicará en los centros carcelarios de Challapalca, Cochamarca, Trujillo Varones, Miguel Castro Castro y Ancón I, estos dos últimos en Lima.
La intervención se sustenta en un informe técnico que determina que esos penales concentran cerca del 50% de los internos vinculados a organizaciones crimin4les y “presentan un escenario de alta peligrosidad, citó el decreto.
A ello se sumarían la sobrepoblación del 156% en el sistema penitenciario nacional, déficit de guardias penitenciarios y el reiterado hallazgo de objetos prohibidos como armas, celulares, pese a las requisas realizadas, añadió el informe.
Durante la vigencia de la emergencia, la policía con apoyo de las Fuerzas Armadas estará a cargo del control del orden interno de los penales y “del perímetro circundante”. También se restringirán los derechos de tránsito y libertad de reunión a quienes ingresen o transiten por la zona, según el decreto ejecutivo.
Al asumir la presidencia a finales de julio, Fujimori prometió aplicar una política de mano dura para enfrentar al crimen organizado, el narcotráfico y otra serie de delitos, muchos de los cuales se comandan desde los centros penitenciarios.
En 2025, el Ministerio de Economía calculó que el impacto de la inseguridad en la economía nacional equivale a 1.7% del Producto Interno Bruto, unos 5 mil millones de dólares anuales.
Con información de: LatinUS
