El proceso electoral rumbo a los comicios de 2027 arrancará la primera semana de septiembre con el desafío de Morena para retirarle el fuero al senador y presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Por lo pronto, el conflicto entre ambos partidos ya se expresó en acciones judiciales contra el entorno del exgobernador de Campeche y confrontaciones físicas en el Congreso.
El escenario de una alianza de facto entre el PRI y el PAN que pudiera dificultar eventuales triunfos de Morena, particularmente en estados de la frontera norte, y la reactivación de expedientes contra Alito por su gestión como gobernador de Campeche entre 2015 y 2019, han revivido la pretensión de quitarle la inmunidad legislativa para procesarlo penalmente.
Para la exdirigente nacional del PRI y expresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, la reactivación de este tema responde a cálculos electorales estatales más que a una amenaza real del tricolor en el Congreso. “En los escenarios estatales es a los que hay que prestar atención. Ése es el efecto de las presiones que están recibiendo. No es la elección de la Cámara de Diputados, esa Morena cree que la va a controlar totalmente. Son las gubernaturas. Tiene que ver algo con las posiciones del PRI en algunos estados de la República. Con evitar que haya algún apoyo —no coalición— sino alguna alianza, candidatura común o alianza de facto en algunas gubernaturas que Morena ve en riesgo”, explica en entrevista con Proceso.
Tal sería el caso de entidades como Nuevo León, Sonora, Chihuahua o estados fronterizos donde la 4T podría tener más dificultades para ganar las gubernaturas, dado que aún está abierta la posibilidad de que el PRI y el PAN lleven candidaturas comunes para sumar votos en la boleta. Sin embargo, Sauri no prevé que la presión culmine necesariamente en el desafuero: “Si quisieran de veras acabar con Alejandro Moreno hubieran activado desde el inicio de esta legislatura la Sección Instructora y los juicios de procedencia pendientes. Ocupan mucho más al moribundo que al difunto”.
Por su parte, la analista política Adriana Pineda Pérez advierte que la forma en que Morena procese el desafuero en la Cámara de Diputados pondrá a prueba la imparcialidad de los órganos legislativos frente a la contienda de 2027. “Ocurre lo mismo que vimos con la Sección Instructora en otros casos polémicos, como el de Cuauhtémoc Blanco, donde el proceso estaba muy justificado y no se le quitó el fuero. Si a Alejandro Moreno sí se lo quitan, los antecedentes dejan espacio a cuestionar si el procedimiento responde a la ley o a un criterio político. Es lo complejo de mantener un análisis neutral: observar cómo los procedimientos no se aplican con la misma vara, lo que termina generando más argumentos sobre una persecución”.
Pineda añade que la reactivación de estos expedientes en vísperas del proceso electoral sienta un precedente institucional hacia la oposición. “Es como un llamado de atención: el riesgo de que empiecen a abrirse carpetas de investigación para inhabilitar o golpear candidatos antes de las elecciones. Si logran echar a andar la Sección Instructora contra un dirigente, el mensaje para los que buscan competir o reelegirse es que la misma línea se puede aplicar de forma sistemática”.
Con información de: LatinUS
