La construcción de edificios para servicios funerarios y crematorios, la entrega de un fondo de 800 millones de pesos para contratación de docentes, becas para hijos de maestros, procesos de basificación y aumentos a bonos económicos forman parte de los beneficios y compromisos que obtiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tras 20 días de movilizaciones, bloqueos y un plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
De acuerdo con un seguimiento de las mesas de negociación elaborado por la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, con base en las minutas de cada encuentro, las negociaciones entre el gobierno federal y las distintas secciones de la CNTE derivaron en acuerdos con impacto presupuestal.
Éstos incluyeron un fondo extraordinario de 800 millones de pesos para Oaxaca, incrementos a bonos económicos, procesos de basificación, recategorizaciones, becas para hijos de docentes, pagos retroactivos, estímulos para jubilados y obras de infraestructura educativa y hospitalaria.
Para Marco Fernández, investigador de México Evalúa y de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, los acuerdos alcanzados vuelven a confirmar una práctica recurrente de los gobiernos frente a las movilizaciones magisteriales: resolver los conflictos mediante la entrega de recursos públicos, prestaciones y beneficios laborales, sin transparentar plenamente el costo de los compromisos adquiridos.
El especialista pone especial atención en los 800 millones de pesos comprometidos para Oaxaca, y recuerda que una cantidad similar se entregó a esa entidad en 2025, por lo que cuestiona que hasta ahora no existan informes públicos detallados que permitan conocer cómo se ejercen esos recursos, qué proyectos financian, cuántas plazas generan y cuáles son los criterios utilizados para su asignación.
Fernández también advierte que los acuerdos anunciados para Oaxaca, Chiapas, Guerrero y la Ciudad de México implican compromisos económicos de gran magnitud, como procesos de basificación, aumentos a bonos, recategorizaciones, pagos retroactivos, nuevas prestaciones y estímulos salariales, sin que las autoridades informen cuánto costarán en conjunto ni de qué partidas presupuestales provendrán los recursos para financiarlos.
Con información de: El Universal
