La transparencia en México entró en una etapa de retroceso. Con un sistema fragmentado, la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dejó un vacío en la vigilancia del acceso a la información pública y debilitó la capacidad para obligar a las autoridades a transparentar datos de interés público. Especialistas advierten que, actualmente no hay criterios homogéneos y en temas sensibles como corrupción, megaproyectos, seguridad y desapariciones, el acceso a la información depende cada vez más de los propios gobiernos. En ese contexto, las solicitudes ciudadanas de información cayeron 27% entre 2024 y 2025, tras varios años consecutivos con más de un millón de peticiones anuales.
De acuerdo con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, en 2024 se interpusieron un millón 16 mil 82 solicitudes de información; para 2025, la cifra cayó a 797 mil 22. Entre 2022 y 2024, se registraron arriba de un millón de solicitudes al año, tendencia que se interrumpió en 2025 tras la desaparición del INE. De enero a abril de 2026, se han ingresado 259 mil 217 peticiones de información mediante la PNT, es decir, un promedio de 64 mil solicitudes al mes. La desaparición del INAI se concretó en marzo de 2025 tras la publicación de las reformas para simplificación orgánica en el Diario Oficial de la Federación, aunque fueron aprobadas por el Congreso en diciembre de 2024.
Hasta marzo de 2026, 18 estados concretaron sus reformas para desaparecer a los organismos encargados de transparencia. Sus funciones fueron asumidas por Transparencia para el Pueblo, un organismo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en México, que durante 2025 recibió 5 mil 991 recursos por inconformidades de la información proporcionada por dependencias.
La excomisionada del IFAI, Jacqueline Peschard, advirtió que se fragmentaron los criterios para determinar en qué casos la información es pública o reservada, porque en lugar del INAI se tiene órganos garantes a nivel federal y estatal. Apuntó que la propia ley ha aumentado las causales de reserva y hay menos elementos para protegerse ante respuestas como restringir datos por seguridad nacional.
Señaló que también se ha perdido la relevancia social de la transparencia. “Sobre todo los temas más más graves, el huachicol fiscal, las desapariciones, no podemos tener datos sobre las desapariciones, porque quien controla la definición de la información pública, pues es el propio gobierno”.
La socióloga consideró ha perdido centralidad, la importancia de la transparencia que es uno de los requisitos fundamentales pues de un régimen democrático o que esté interesado en proteger derechos fundamentales.
En 2024, el último año completo de operaciones del INAI, se emitieron 6 mil 671 respuestas como información reservada o confidencial, total o parcialmente. Por sujeto obligado, los más frecuentes fueron el Servicio de Administración Tributaria (882), el Instituto Mexicano del Seguro Social (502), la Auditoría Superior de la Federación (278) y el Instituto Nacional Electoral (162). En contraste, en 2025 la cifra de respuestas en este grupo fue de 5 mil 779. Sin embargo, en este año se presentaron un 27% menos de solicitudes.
Las dependencias con más casos en ese periodo fueron el IMSS (449), el SAT (449), el INE (270), la Comisión Federal de Electricidad (231) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (170). Destacan casos como la reserva de los estudios, dictámenes, auditorías y evaluaciones relacionadas con el impacto ambiental del Tren Maya, que determinó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Durante una comparecencia ante la Cámara de Diputados en octubre de 2025, la secretaria Alicia Bárcena confirmó daños en cavernas y cenotes ubicados entre Playa del Carmen y Tulum por la construcción del tramo 5 del tren, sin embargo, afirmó que se trabajaba para regularizar las obras.
Con información de: La Silla Rota
