Movimiento Ciudadano comenzó con la solicitud al Congreso de la Unión para el proceso de desafuero contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros nueve funcionarios acusados por Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado, especialmente con el Cártel de Sinaloa.
“Lo mínimo que pueden hacer los funcionarios de Sinaloa que han sido formalmente acusados por las autoridades norteamericanas es enfrentar este proceso sin fuero”, escribió Jorge Álvarez Máynez, líder nacional de Movimiento Ciudadano.
El documento en el que se presentó la denuncia, principalmente contra Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y Juan de Dios Gámez Villamil, presidente municipal de Culiacán, solicita el juicio de procedencia en su contra, alegando el delito de conspiración para el tráfico ilícito de sustancias controladas en convivencia con el Cártel de Sinaloa.
En los hechos, la acusación sugiere que las acusaciones del Departamento de Estado contra funcionarios de Sinaloa “ha generado una severa crisis en la relación bilateral”, además de que denuncia presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa desde 2021.
El miércoles 29 de abril, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que recibió la solicitud de extradición de Estados Unidos; sin embargo, condicionó cualquier arresto debido a que no hay pruebas suficientes, de momento.
Ulises Lara, vocero de la Fiscalía, agregó que “es necesario referir que la propia solicitud requiere que México tome las medidas para asegurar que la información contenida no sea divulgada ni se haga del dominio público como ocurrió en este caso particular”.
Además, de acuerdo con la ley en México, debe haber un juicio de procedencia para obtener una declaratoria que elimine la inmunidad procesal de Rubén Rocha Moya y los otros funcionarios.
Con información de: El Financiero
