Más de 93 mil jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras y Luz y Fuerza del Centro (LFC) podrían enfrentar reducciones de hasta 60 por ciento en sus pensiones, dependiendo del nivel jerárquico, tras la entrada en vigor de la reforma constitucional que limita estos pagos en el sector público, según la Alianza Nacional de Jubilados.
El decreto, publicado el pasado 10 de abril en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece modificaciones al Artículo 127 constitucional para fijar un tope a las pensiones financiadas con recursos públicos, el cual no podrá superar el 50 por ciento del salario de la Presidencia de la República, lo que equivale a alrededor de 70 mil pesos mensuales.
Ante este escenario, más de 2 mil jubilados provenientes de 29 entidades del país se movilizaron este viernes en Paseo de la Reforma para exigir la suspensión inmediata de la medida y el respeto a sus derechos adquiridos.
“¡Exigimos de manera inmediata que se suspenda la aplicación de esta reforma!”, señaló Enrique Martínez, vocero de la Alianza Nacional de Jubilados, al advertir que la medida representa un punto de quiebre para el sector.
Los inconformes argumentan que el decreto vulnera el principio de no retroactividad establecido en el Artículo 14 constitucional. Señalan que la medida modifica condiciones previamente pactadas al momento de su retiro.
En ese sentido, anunciaron el inicio de una estrategia legal que incluirá la presentación de amparos, así como cabildeo con legisladores y organismos nacionales e internacionales.
“Hoy no estamos aquí como casos aislados, estamos como una alianza nacional que reúne a jubilados de instituciones clave para el país”, afirmó Martínez, al destacar que el movimiento agrupa a extrabajadores que durante décadas participaron en el desarrollo energético, financiero y de infraestructura de México.
Con información de: El Financiero
