La presidenta Claudia Sheinbaum envió esta noche al Senado de la República, la reforma constitucional encaminada a ordenar las pensiones para funcionarios y ex funcionarios de empresas paraestatales, organismos descentralizados, banca de desarrollo y otras entidades públicas, que “son desproporcionadas”, pero que a partir de este cambio no podrán superar en 50 por ciento la remuneración de la persona titular del poder ejecutivo.
La disposición se aplicará a pensiones y jubilaciones futuras de altos mandos, conocidos como “la burocracia dorada”, pero también a las que se otorgaron con anterioridad a la entrada en vigor de esta modificación constitucional, con lo que el Estado se ahorrará más de 5 mil millones de pesos al año.
Ello significa que ex funcionarios que en los últimos años recibieron hasta un millón de pesos al mes como pensión, que es el caso de un ex subdirector de Luz y Fuerza del Centro o un ex funcionario de Pemex con una jubilación de 340 mil pesos, una vez promulgada la reforma, sólo percibirán hasta 70 mil pesos.
En la exposición de motivos, la presidenta Sheinbaum explica las bases legales de la retroactividad de la reforma. Precisa que “al tratarse de de recursos públicos del Estado mexicano, no sólo se sustenta en el cumplimiento de los principios establecidos en el artículo 134 de la Carta Magna sobre la administración de los recursos públicos, sino que “también es coherente con una larga línea de precedentes constitucionales de la Suprema Corte de Justicia”.
En esa jurisprudencia, agrega, se establece que la reformas a la Constitución “ pueden válidamente operar sobre actos o hechos ocurridos en el pasado, sin que transgreda el principio de retroactividad de la ley.
Advierte también que de no corregirse esas pensiones y jubilaciones en Pemex, CFE, Luz y Fuerza, Banco de México, Nacional Financiera y otras sociedades de crédito, “ han derivado en compromisos presupuestarios que a futuro pueden comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas en detrimento del bienestar colectivo”.
La presidenta Sheinbaum resalta que la reducción no incluye a personal de las fuerzas armadas, ni a trabajadores sindicalizados y la intención no es desconocer derechos, sino evitar la generación de privilegios y percepciones desproporcionadas, con recursos públicos. La reforma, destaca, parte de la austeridad republicana y la responsabilidad financiera.
Con información de: La Jornada
