Resarcir el daño a víctimas del delito debería correr por cuenta de quien cometió lo ilícito y no por el Gobierno del Estado, recomendó Jorge Vega Arroyo, titular de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctima, quien mencionó que actualmente la dependencia a su cargo cuenta con 27 peticiones para acceder al fondo para la reparación del daño, de los cuales no todos son acreditables y solo dos de ellas han podido ser acreedores del mismo.
Dijo que existen dos formas para acceder al fondo para la reparación del daño a víctimas del delito «y así lo dice la nueva ley; una es la ayuda inmediata y la otra es la reparación integral por el delito o por violación a derechos humanos».
Indicó que en el fondo de reparación integral atiende actualmente 27 casos, pero indicó que para que proceda en el caso de delito tiene que haber una sentencia «y en ese análisis nosotros nos encontramos porque si hay muchas peticiones, pero no hay sentencia» por lo que sólo en dos casos se ha podido acceder al recurso.
Precisó que para el manejo del fondo por violación a los derechos humanos debe existir una previa recomendación, pero para ello deben ser valorados diversos criterios que tipifiquen un delito como tal.
Indicó que no es que se trate de trámites complejos para quien deba acceder a este recurso, sino que en primera instancia el daño debe ser reparado por quien haya cometido el delito «no es que se cometa un delito y el Estado deba pagarlo», indicó.Precisó que el fondo para la reparación del daño que maneja la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV) tiene un tope de 500 Unidades de Medida (UMAS) para cada uno de los casos.
