En San Luis Potosí existe una grave crisis en materia de seguridad, donde impera un crimen organizado violento, y un desamparo por parte de las autoridades, por lo cual se requiere un rediseño de las políticas pública, aseveró el regidor Enrique González Hernández.
El regidor expuso que la población potosina está viviendo un estado de impotencia al ser víctima de la delincuencia y no encontrar respuesta por parte de las autoridades, “no hay un solo día que no sepamos de un robo a cualquiera de nuestros vecinos, familiares o compañeros de trabajo, por lo que considero importante sumarme a todas esas voces que de manera tajante están exigiendo a la autoridades estatales y municipales, que realicen acciones tangibles para revertir esta situación”.
Mencionó que según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en SLP en el mes de junio de este año, se cometieron tres mil 99 delitos, mientras que en el período comprendido entre enero y junio se cometieron casi 18 mil 839 delitos.
Asimismo, González Hernández indicó que en el mismo período pero del año 2016, se cometieron 10, mil 434 delitos, lo que representa un incremento de los delitos, en todo el estado, del 80 por ciento en tan sólo un año. Los secuestros se incrementaron en 18%, los homicidios se incrementaron en 76%, os Robos en 136%.
Señaló que es muy preocupante que sólo el 9.1% de todos los delitos cometidos en San Luis Potosí son se denunciados, por lo cual invitó a todos los ciudadanos que sean víctimas de cualquier delito a denunciar.
Además, los delitos denunciados, únicamente el 70% contó con inicio de averiguación previa. Mientras que el restante 30% de los delitos denunciados no fueron atendidos.
Por lo que comentó, esto habla de la falta de confianza de la ciudadanía para denunciar los delitos, y aún y cuando solo se presentan 1 de cada 10 denuncias, estos no son resueltos, “no me quisiera imaginar qué pasaría si se incrementara el nivel de denuncia”.
El regidor Enrique González Hernández. Reiteró que las autoridades, tanto estatales como municipales deben trabajar en conjunto para implementar acciones para la prevención y combate a la delincuencia, así como garantizar el trabajo de investigación ante las denuncias de la ciudanía perjudicada por algún delito.
