Mientras continúa el proceso judicial contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, todavía quedan dudas de hasta qué punto las autoridades mexicanas podrán desarticular y castigar a las más de 60 personas que participaron en su red de corrupción con la cual saqueó al estado.
Una red criminal que comenzó a estructurarse desde los primeros días de la administración de Duarte al frente del gobierno de Veracruz, y que hasta el día de hoy, ha dejado varios cabos sueltos que no han podido ser debidamente atados por la Procuraduría General de la República.
Hasta el momento, al menos 22 personas han sido señaladas o enfrentan procesos penales por su cercanía y relación con la red criminal de Duarte.
Cinco de estos colaboradores —Alfonso Ortega López, Moisés Mansur Cysneiros, José Juan Janeiro Rodríguez, Rafael Gerardo Rosas Bocardo y Mario Rosales Mora— fueron piezas clave en la articulación de la organización que lavaba dinero robado por Duarte.
De acuerdo con el expediente de la PGR, Ortega López, uno de los principales prestanombres de Duarte y quien además atestiguó en contra del exmandatario veracruzano, recibió instrucciones para la adquisición de diferentes muebles e inmuebles, además de que recibía diferentes depósitos bancarios de grandes cantidades provenientes presuntamente del gobierno de Veracruz.
Una situación similar a la de Janeiro Rodríguez, quien declaró a la PGR que el exgobernador ordenó desviar millones de pesos del erario para luego adquirir propiedades a través de empresas fantasma. Rosas Bocardo y Mario Rosales Mora son otros de los prestanombres detenidos.
Mansur Cysneiros, otro de los principales socios y prestanombres de Duarte, transfirió a cuentas de un banco en Suiza al menos una parte de los 223 millones de pesos que recibió de la venta de terrenos en Campeche. Hasta el momento, sigue prófugo de la justicia, al igual que Rosas Bocardo y Janeiro.
Sin embargo, y aunque ha sido señalada por varios cómplices de Duarte como una de las principales artífices de la red de corrupción, Karime Macías, la todavía esposa del exgobernador de Veracruz, sigue sin comparecer ante la justicia mexicana tras haberse exiliado en Europa.
«Todo era por órdenes de ella (Karime)… era lo que sabíamos. Ella es la que decidía cuándo y a dónde iba el dinero», acusó Ortega López ante autoridades mexicanas.
Karime Macías fue presidenta del DIF durante el gobierno de Duarte, una de las dependencias involucradas en el desvío de recursos a empresas fantasma, además de ser la responsable de operar una buena parte de la red criminal a partir de sus familiares. A través de ellos, el matrimonio Duarte y Macías pudieron invertir dinero proveniente del erario en joyas, propiedades y otros lujos, algunos de los cuales fueron confiscados por el gobierno estatal.
Por su parte, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, pidió a la PGR ser citado a comparecer como testigo en contra de Duarte, con el fin de presentar ante las autoridades los videos en su poder, sobre las conversaciones que tuvo en Canadá con Moisés Mansur, y en la Ciudad de México con Juan José Janeiro y Antonio Bandín, y en Veracruz con Franky González, «uno de los principales cómplices de Javier Duarte».
También pidió a la PGR citar a comparecer a Macías, quien «participó en tareas de gobierno y también en muchas de las acciones que se llevaron a cabo para desfalcar a los veracruzanos, eso consta en las conversaciones que daré a conocer y también los diarios que oportunamente la Fiscalía General del estado encontró y requisó en la ciudad de Córdoba», indicó el gobernador.
De ahí que para especialistas en materia de transparencia y rendición de cuentas es vital que el gobierno mexicano pueda desmantelar y sancionar a todos los que participaron en la red de corrupción de Duarte, en lugar de que el caso se centre únicamente en la figura del exgobernador.
«Ya dejamos atrás el momento en el que había una sola persona, la cabecilla, que era el que se sujetaba a un proceso judicial. Ahora para que estas investigaciones y las sanciones sean creíbles se tiene que mostrar que la red no sólo fue procesada, sino desmantelada», consideró Eduardo Bohórquez, director de la organización Transparencia Mexicana.
