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La guerra en ascenso del presidente Donald Trump contra los carteles de la dr0ga latinoamericanos irrumpió con fuerza inesperada en este antiguo pueblo industrial de New Hampshire rodeado de árboles una mañana de finales de agosto, cuando agentes federales fuertemente arm4dos y policías locales iniciaron una serie de redadas lanzando una gran4da atron4dora y derribando una puerta.

La demostración de fuerza fue seguida por un anuncio de las autoridades federales: en redadas coordinadas en todo Nueva Inglaterra, habían incautado más de 225 kilos de dr0gas y capturado a cerca de 200 miembros del temido Cartel de Sinaloa, la viol3nta organización criminal que abastece de dr0gas ilegales a Estados Unidos.

El agente especial a cargo de la división de Nueva Inglaterra de la Administración de Control de Dr0gas (DEA), Jarod Forget, afirmó que la operación “llevó al arresto de 171 miembros del cartel” en toda la región, incluidos 27 en la localidad de Franklin. La DEA no dio a conocer los nombres de los sospechosos, pero Forget los describió como “arrestos de alto nivel” que formaban parte de una redada nacional que, en cinco días, había capturado a más de 600 integrantes de la temida organización. “Somos la DEA”, dijo Forget en una entrevista después del operativo. “No vamos tras traficantes de dr0gas minoristas de bajo nivel”. Pero eso no era cierto.

Una investigación del equipo de Spotlight de The Boston Globe encontró que muchos de los objetivos de la DEA en Nueva Inglaterra eran precisamente las personas de las que Forget dijo que no se ocupaban: adictos, pequeños trafic4ntes, ladrones de tiendas e individuos que vivían en campamentos de personas sin hogar.

Los periodistas de este medio contactaron con más de 75 agencias policiales estatales, locales y federales, revisaron más de 1.650 páginas de documentos judiciales, presentaron más de 50 solicitudes de acceso a información pública, llamaron a decenas de puertas y realizaron decenas de entrevistas. Las pruebas dejaron claro que el Gobierno tergiversó la importancia de sus objetivos en Nueva Inglaterra en un momento en que la Administración Trump buscaba justificar ataques mort4les contra presuntas embarcaciones de carteles en el Mar Caribe.

“Puedo garantizar que él no es parte del Cartel de Sinaloa”, dijo Scott Alati sobre su hijo, Tyler, acusado en un tribunal estatal de Franklin de venta de drogas a nivel de delito grave y liberado inmediatamente sin tener que pagar fianza. “No es un miembro de alto rango de nada. Es un idiota de alto rango”.

La mayoría de los detenidos identificados por el equipo de Spotlight son víctimas de la crisis del fentanilo, no capos que se ganan la vida con ella. Entre ellos estaba un hombre acusado de robar rollos suizos de chocolate y caramelos Jolly Ranchers de un supermercado Hannaford y una mujer que supuestamente estrelló un automóvil contra una columna en un banco local y abandonó la escena.

Algunos de los 171 detenidos tenían cantidades significativas de dr0gas, pero ni los documentos judiciales ni los portavoces de la agencia aportaron pruebas de que fueran miembros de alto rango del notorio cartel. Para muchos de los sospechosos, el único vínculo con Sinaloa era que consumían dr0gas que el cartel podría haber ayudado a introducir en el país.

La semana pasada, funcionarios de la DEA dijeron que no podían comentar sobre los hallazgos de Spotlight Team debido al cierre del Gobierno. En su lugar, señalaron ocho investigaciones federales que, según afirmaron, formaban parte de la ofensiva contra el Cartel de Sinaloa.

Con información de: El País

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