Nayib Bukele dio un nuevo paso hacia un tercer mandato en El Salvador. El mandatario de derecha, de 45 años, inscribió el jueves 19 de noviembre su candidatura para las elecciones de febrero de 2027, después de que una cuestionada reforma constitucional aprobara la reelección presidencial indefinida. Bukele cuenta con un histórico respaldo popular, en gran medida por los resultados de su política de seguridad.
«Para muchos salvadoreños, el régimen de excepción ha significado un cambio muy significativo en sus vidas. Pueden vivir sin temor a pagar una extorsión, sin temor a ser amenazados por las pandillas», dice a DW Fátima Peña, politóloga e investigadora del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). Pero la experta advierte que esa política de seguridad también tiene un lado oscuro: «Implica graves violaciones a los derechos humanos».
El régimen de excepción al que se refiere Peña está vigente desde marzo de 2022 y fue aprobado tras una escalada de violencia atribuida a las pandillas. Este permite suspender ciertas garantías constitucionales, entre ellas el derecho a la defensa y la protección de las comunicaciones. Pese a que el gobierno lo presenta como una herramienta clave para combatir al crimen, sus consecuencias son cuestionadas frecuentemente por organismos internacionales. Un grupo de expertos de la ONU ha advertido, incluso, que los abusos cometidos podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Con información de: DW











































