Una jueza federal de Maryland suspendió temporalmente la implementación por parte del Gobierno de una nueva tarifa anual para la solicitud de asilo. Alegó que hubo confusión e inconsistencias en las políticas entre las agencias federales.
La jueza Stephanie Gallagher afirmó que dos agencias, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, actuaron “de manera arbitraria y caprichosa” al emitir directrices contradictorias sobre cómo y cuándo los solicitantes de asilo deben pagar la tarifa anual de US$ 100 creada en virtud de la “gran y hermosa ley” de Trump.
Gallagher constató que la falta de coordinación entre ambas agencias había causado una gran confusión e incluso había llevado a que se ordenara la expulsión de algunos solicitantes de asilo antes de que existiera algún mecanismo para pagar la tasa. La jueza suspendió temporalmente las políticas de ambas agencias, impidiendo la aplicación de la tasa anual en todo el país, hasta que emitan directrices claras y uniformes.
“Los acusados no han resuelto la inconsistencia entre las políticas de ambas agencias”, escribió Gallagher, y agregó que las normas contradictorias del Gobierno crearon un “daño irreparable” para los solicitantes de asilo.
El Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo (ASAP, por sus siglas en inglés) presentó una demanda en un tribunal federal de Maryland en la que acusaba al Gobierno de aplicar ilegalmente una nueva tarifa anual de asilo a las personas que presentaron sus casos antes de que la ley entrara en vigor.
Como parte de la “gran y hermosa ley” firmada el 4 de julio, los solicitantes de asilo están obligados a pagar una tarifa de US$ 100 cada año que su caso permanezca pendiente.
Antes de la entrada en vigor de esta legislación, no se requería ningún pago para solicitar asilo.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos comenzó a enviar notificaciones sobre la nueva tarifa el 1 de octubre, otorgando a los solicitantes un plazo de 30 días para pagarla; es decir, la tarifa comenzará a vencer a partir del 31 de octubre.
ASAP afirma que la implementación ha causado pánico y confusión entre los solicitantes de asilo. Uno de sus miembros, un hombre ruso que solicitó asilo en 2022, declaró al grupo que está muy preocupado porque no ha recibido instrucciones del Gobierno sobre cómo ni cuándo pagar, según la demanda.
Además, algunos solicitantes no tienen los medios económicos para pagar la tarifa, afirman los demandantes.
Con información de: CNN
