La detención de Víctor Manuel Álvarez Puga en Miami, Florida, por agentes migratorios estadounidenses ha colocado el futuro del empresario en un punto decisivo entre la deportación, la extradición o la posible concesión de asilo político, con consecuencias directas para su esposa, Inés Gómez Mont, actualmente prófuga.
El caso, uno de los más mediáticos de la última década en México, involucra delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal por desvíos millonarios cometidos a través de una red de empresas fantasma.
A un mes de la detención de Víctor Álvarez Puga en Miami —hecho que apenas se dio a conocer públicamente en octubre—, el panorama judicial y migratorio del caso podría cambiar de manera significativa tras la reciente fuga de Inés Gómez Mont.
Aunque ambos estaban juntos en la mansión de Pinecrest durante el operativo migratorio de septiembre, la exconductora logró evadir el arresto ya que sus hijos, todos ciudadanos estadounidenses, habrían quedado sin cuidados familiares, por lo que ICE le habría dado consideración, según reveló el periodista Luis Chaparro.
Sin embargo, el periodista precisó que Gómez Mont organizó de inmediato su salida del país tras la caída de su esposo y salió hacia Dubái con sus hijos en busca de refugio en un país donde las autoridades mexicanas tendrían más dificultades para solicitar su extradición. Se sabe, además, que previamente había intentado establecerse en Israel con el mismo objetivo, aunque esa estrategia no prosperó.
Hoy Víctor Álvarez Puga permanece en el centro de detención Krome North de Miami a la espera de una audiencia clave, programada para el 12 de noviembre.
De acuerdo con la abogada Sandra Hoyos, en entrevista con Javier Ceriani, hay tres posibles escenarios sobre la mesa para el empresario.
El primero y más inmediato es la deportación: si la corte de migración ratifica que violó las leyes de ingreso al reentrar al país por lancha sin inspección en 2021, podrá ser devuelto a México, donde lo esperaría la Fiscalía General de la República (FGR).
El segundo es la extradición, un proceso más prolongado que implica un trámite judicial formal a solicitud del gobierno mexicano para ser entregado bajo custodia y enfrentar los cargos por delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos. El tercer camino sería el asilo político.
La defensa de Álvarez Puga sostiene que él y su familia enfrentan amenazas por motivos políticos. Sin embargo, en Estados Unidos los procesos de asilo son estrictos y el historial migratorio del empresario, junto con los delitos graves que se le imputan, juega fuertemente en su contra.
La abogada explicó varios aspectos de peso que podrían definir el rumbo del proceso. Uno de los elementos principales para la detención fue que Álvarez Puga, aunque tenía autorización inicial para regresar desde las Bahamas, optó por hacerlo en lancha y no por avión ni aduanas, incurriendo en una entrada irregular que permitió su arresto y lo excluyó directamente de solicitar fianza.
Señaló que en el sistema migratorio estadounidense, si se detecta esta conducta, el acusado es considerado de alto riesgo de fuga y es improbable que un juez otorgue libertad provisional, incluso con grillete electrónico. Según se sabe, la defensa de Álvarez Puga buscaría solicitar fianza antes de la fecha definitoria sobre su situación legal, aunque el panorama ahora mismo no sería el más benéfico.
La especialista reiteró que Estados Unidos no suele conceder asilo cuando existen acusaciones de delitos financieros, corrupción o lavado de dinero, y además destacó que todo solicitante de asilo queda expuesto a que se revisen a fondo sus bienes y activos internacionales.
“Abrir esa caja de Pandora” puede exponer movimientos bancarios, conexiones patrimoniales y flujos con paraísos fiscales, cuestión relevante para el caso Gómez Mont–Álvarez Puga.
Sobre la extradición, la abogada aclaró que si existe una orden formal del gobierno mexicano, usualmente Estados Unidos tiene la obligación jurídica de cooperar y entregar al acusado.
Además, la abogada alertó que familiares o conocidos del matrimonio que intenten viajar a Estados Unidos pueden estar sujetos a interrogatorio o mayor escrutinio, incluso si no pesan cargos formales en su contra, por su relación con los inculpados.
Cualquier decisión en Estados Unidos sobre el empresario tiene impacto inmediato en Inés Gómez Mont. Si Álvarez Puga es regresado a México y coopera o se presentan nuevas pruebas, los expedientes de la FGR pueden fortalecerse, lo que incrementa la presión diplomática y judicial sobre Gómez Mont adondequiera que esté.
Emiratos Árabes Unidos, país donde ahora se encuentra Gómez Mont, sí tiene convenio de extradición vigente con México desde 2016. Esto significa que sus posibilidades de permanecer oculta a largo plazo son limitadas y dependerán de los movimientos legales del gobierno mexicano y la vigilancia internacional.
La próxima audiencia judicial en Miami será clave tanto para el futuro de Álvarez Puga como para el proceso que México pueda emprender para solicitar la captura y extradición de Gómez Mont.
Con información de: Infobae
