Javier Milei, el candidato ultraliberal electo en la segunda vuelta de las elecciones argentinas, anunció como primera medida la privatización de la petrolera YPF, la empresa de energía Enarsa y los medios de prensa públicos.
Durante la campaña ya lo dejó claro: «Todo lo que pueda estar en manos del sector privado, va a estar en manos del sector privado». Sin embargo, Milei, que se presentó como el presidente del «cambio», olvidó mencionar que trabajaba sobre derechos de autor impulsados por otros.
«Nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado», fueron las palabras de Roberto Dromi, ministro de Obras y Servicios Públicos, durante el gabinete de Carlos Menem. El 17 de agosto de 1989, con la ley 23.696, conocida como Ley de Reforma del Estado, el gobierno presidido por Carlos Menem (1989-199) iniciaría el mayor proceso privatizador de la historia de Argentina. El argumento era obtener de manera rápida fondos para paliar la (eterna) crisis económica en el país. El resultado: corrupción, pérdida de soberanía política, aumento de la dependencia exterior, merma de los derechos sociales y laborales y una fiesta que, finalmente, pagó el mundo del trabajo para el beneficio del gran capital interno e internacional.
recuperación estatal de YPF, que estaba en manos del grupo Repsol. Este asunto generó un conflicto de carácter diplomático y, sobre todo, mediático, en España y en Argentina.
En España seguían los mismos dueños de siempre, pero en Argentina parecía que las cosas estaban cambiando.
Desde que YPF cayó en manos de Repsol, en 1999 hasta finales de 2011, la disminución de las reservas de petróleo de Argentina fue del 54 % y del 97 % en el caso del gas. En 2011, por primera vez en 17 años, Argentina tuvo que importar más gas y petróleo del que producía.
Con la recuperación del control del Estado, YPF pasó de una caída permanente de la producción de petróleo, gas y reservas, a un crecimiento sostenido. Las reservas en petróleo y gas crecieron un 23,8 %. En el caso del yacimiento petrolífero de Vaca Muerta, se pasó de tener 42 a 290 pozos en producción y de 4 a 19 equipos de perforación, con una significativa reducción de los costos de construcción de pozos, gracias a la inversión de la empresa estatalizada.
Más de treinta años después de las privatizaciones de Menem, y de casos de corrupción demostrados, sobornos, comisiones infladas o fusiones irregulares, algunos accionistas han cambiado. Sin embargo, lo que sigue intacto es la esencia de usar el Estado argentino como un espacio de rapiña para la acumulación de capitales, no solo en el interior de Argentina, sino como un mercado abierto para el expolio internacional.
Javier Milei no solo se une a la larga lista de liquidadores de la Argentina, sino que además demuestra ser un fraude político ya que su «cambio» se basa simplemente en repetir los patrones de actuación que han facilitado una Argentina en crisis constante.
«La historia se repite dos veces: la primera como tragedia, la segunda como farsa», decía Karl Marx. Milei es la gran farsa de la historia, la política y la economía argentina.
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