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Tal y como había pedido la Fiscalía de Brasil, el Supremo Tribunal Federal (STF) aplicó este jueves condenas «ejemplares», de entre 14 y 17 años de cárcel, a los tres primeros acusados de los violentos ataques contra las sedes de los tres poderes en Brasilia del pasado 8 de enero a manos de una multitud que protestaba la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva.

En una rápida deliberación y con una enorme clara intención simbólica, los jueces consideraron culpables a Aécio Lúcio Costa Pereira, de 51 años, a Matheus Lima de Carvalho Lázaro, de 24, y a Tiago de Assis Mathar, de 43, de asociación para delinquir, intento de golpe de Estado, abolición del Estado democrático de derecho, daños agravados y destrucción del patrimonio público.

Costa Pereira y Lima de Carvalho Lázaro, que fueron arrestados dentro del Congreso, cumplirán 17 años de prisión, mientras que Mathar, que entró en el Palacio de Planalto, fue condenado a 14 años de cárcel, porque se consideró que no alentó el golpe en sus redes sociales.

Solo Nunes Marques, uno de los 11 jueces que integran el tribunal, estimó que no se perpetraron acciones contra la democracia, aunque sí daños agravados y destrucción del patrimonio público.

Un total de 1.390 denuncias
El diario O Globo recuerda que las penas dictadas por la Corte son bastante mayores que las impuestas a Guy Weley Réffitt, primer condenado por un jurado popular por la invasión el 6 de enero de 2021 al Capitolio, en EE.UU., que fue condenado a 7 años y 3 meses de prisión.

Solo Nunes Marques, uno de los 11 jueces que integran el tribunal, estimó que no se perpetraron acciones contra la democracia, aunque sí daños agravados y destrucción del patrimonio público.

Un total de 1.390 denuncias
El diario O Globo recuerda que las penas dictadas por la Corte son bastante mayores que las impuestas a Guy Weley Réffitt, primer condenado por un jurado popular por la invasión el 6 de enero de 2021 al Capitolio, en EE.UU., que fue condenado a 7 años y 3 meses de prisión.

Además, en Brasil, los primeros imputados fueron juzgados y condenados por el STF, última instancia del Poder Judicial, mientras que en EE.UU. los casos se tramitaron en tribunales inferiores, por lo que algunos de los acusados pudieron ​​apelar sus condenas.

En Brasil, la Fiscalía presentó un total de 1.390 denuncias contra personas acusadas de participar en los ataques, que tuvieron lugar ocho días después de la investidura de Lula. Todavía no hay fecha para estos juicios.

El propio expresidente Jair Bolsonaro, que tiene suspendidos sus derechos políticos por ocho años por un caso de fraude, es investigado por su presunta incitación a los ataques.

De Moraes decidió incluir a Bolsonaro —que en el momento de los asaltos estaba fuera del país— en la megacausa, debido a un mensaje colgado días antes de los ataques, en el que cuestionaba la fiabilidad de las urnas.

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