La doctora Urenda Queletzú Navarro Sánchez, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) dio a conocer que durante 2021 se han atendido 172 procesos, de los cuales no todos son sancionatorios.
En entrevista, la funcionaria universitaria recordó que el año pasado se recomendaron alrededor de 3 sanciones derivadas de quejas relacionadas con acoso y hostigamiento sexual. “Este año llevamos 4 quejas que van instauradas por el procedimiento sancionador y de las cuales ya se han notificado 2 para sanción. Ahora durante 2021 recibimos 16 quejas relacionadas con violencia de género”, detalló.
Asimismo, explicó que la DDU no emite sanciones como tal, pues “la Defensoría es una especie de Fiscalía; se hace una investigación y delimita si existen o no elementos para formular la imputación a alguna persona como presunta responsable de algo. Se turna el expediente a la autoridad instructora, que en el caso de profesores, es la dirección de su Facultad para casos de amonestación o sanción y en casos de rescisión laboral es la oficina del Abogado General”.
Navarro Sánchez agregó que en el caso de estudiantes, las amonestaciones pueden ser efectuadas por las o los directores; las suspensiones y expulsiones son facultad expresa del Rector, quien de acuerdo al Estatuto puede delegar esta función en la oficina del Abogado General. En el caso de las y los funcionarios, estatutariamente le corresponde al Consejo Directivo Universitario.
Por otra parte, al referirse a las manifestaciones de alumnas en algunas Facultades en donde se colocaron “tendederos” para denunciar públicamente a algún agresor, destacó que es obligación de la Defensoría de los Derechos Universitarios fungir como observador y garantizar los derechos humanos de las manifestantes, en la forma y la vía que lo hagan.
“En segundo lugar, tenemos mandatado abrir investigaciones de oficio. Es decir, como se colocan nombres de personas nosotros levantamos eso como un indicio para abrir una carpeta de investigación, nos alleguemos medios de convicción y determinemos si existe o no responsabilidad”, puntualizó.
Añadió que desde que asumió la titularidad de la Defensoría en todos los casos se ha hecho dicho levantamiento. Y si existiera alguna sanción para los agresores se emite una recomendación; la sanción es dispuesta por las autoridades competentes de acuerdo al Estatuto y se instaura un proceso administrativo.
La Defensora de los Derechos Universitarios señaló que no todas las alumnas hacen denuncias formales pues “hay quienes optan por denuncia informal, obedece al temor fundado de las represalias; lo que hacemos es construir esa confianza y seguridad para que se acerquen a los espacios conducentes para evitar consecuencias o afectaciones para ellas”.
Finalmente, y en el marco del 25 de noviembre, dijo que el personal de la DDU ha brindado acompañamiento a las alumnas a fin de evitar alguna práctica de criminalización; “esto era algo que ocurría en el pasado y hoy estamos conscientes de que es una manifestación que se hace”, aseveró.
