«Estamos en esa etapa de análisis, de reflexión, sobre lo que más le conviene a México. Y vamos a tomar decisiones». Con esta frase, el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió la semana pasada la puerta a la posibilidad de legalizar el cultivo de la amapola, también conocida como adormidera, y que es la materia prima para la fabricación de opio y sus potentes derivados legales e ilegales, como la morfina y la heroína.
Era 8 de marzo. En la Cámara de Diputados avanzaba el histórico proyecto de regulación de la producción, venta y consumo de marihuana que finalmente fue aprobado dos días después y enviado al Senado para su ratificación, lo que deberá ocurrir a más tardar el 30 de abril para cumplir con un fallo de la Suprema Corte de Justicia.
Con el multimillonario negocio del cannabis legal en puerta, López Obrador no descartó que en un futuro ocurra lo mismo con la adormidera. «En lo que tiene que ver con la comercialización de la marihuana, de la amapola, se ha tomado la decisión de iniciar un análisis de fondo sobre estos cultivos», dijo.
Implicaría una transformación radical del mercado, ya que México podría producir morfina, el indispensable derivado medicinal del opio cuya fabricación es monopolizada casi en su totalidad por países desarrollados: solo Australia, Alemania, Austria, China, Eslovaquia, España, Francia, Holanda, Hungría, India, Inglaterra, Japón, Macedonia, Nueva Zelanda, Polonia, Rumania, Turquía y Ucrania tienen autorización de Naciones Unidas para cultivar amapola.
Una de las primeras estrategias de López Obrador fue el impulso de programas de sustitución de plantíos para que los campesinos del llamado Triángulo Dorado que comparten Sinaloa, Chihuahua y Durango, más el estado de Guerrero, dejen de sembrar la planta de donde, de manera ilegal, se extrae la goma de opio, ese producto tan preciado para los narcotraficantes que la transforman en costosas sustancias ilegales que generalmente envían a EE.UU., el principal mercado demandante.
Pero el presidente ya fue más allá al advertir que México, país líder en la producción y tráfico de drogas ilegales, está en condiciones inmejorables para tomar decisiones autónomas. «El Gobierno no está subordinado a gobiernos extranjeros ni a grupos de intereses creados. Somos libres… entonces, tomar una decisión que beneficie al pueblo es algo que se puede realizar sin miramientos. Todo lo que beneficie al pueblo, todo lo que signifique reducir la violencia, pacificar al país», explicó.
Y en ese afán pacificador de un país en el que la guerra narco ha dejado más de 300.000 personas asesinadas y más de 80.000 desaparecidas, la regulación de las drogas prohibidas asoma como una alternativa.
Mercado
La propuesta no es nueva. Desde que estaban en campaña, en 2018, López Obrador y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconocieron que analizarían la legalización de la amapola con fines medicinales. La funcionaria más importante del gabinete reiteró la propuesta a fines de enero.
«Llegará un momento, probablemente no inmediato, pero sí a mediano plazo, en donde estos opiáceos puedan llegar a ser regulados en alguna legislación para que también podamos obtener todo tipo de medicinas, por ejemplo la morfina y otro tipo de sedantes muy necesarios, por cierto, últimamente también para poder resolver el tema de los enfermos de Covid en donde tienen que estar anestesiados y tienen que tener este tipo de medicamentos», explicó. En ese sentido, dijo, la regulación del cannabis es muy alentadora, ya que representa cambios a las políticas de drogas que antes eran impensables.
México fabrica de manera ilegal el 6,0 % de opio a nivel mundial, lo que lo convierte en el tercer país productor después de Afganistán (líder absoluto con el 84 %) y Myanmar
Al igual que ha ocurrido con el resto de las sustancias ilegales, la prohibición no ha sido impedimento alguno para que el mercado florezca, ni ha frenado la siembra de adormidera. Todo lo contrario. De acuerdo con los informes anuales de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC), la superficie cultivada en México aumentó de 1.900 a 44.100 hectáreas entre 2000 y 2017.
Por ello es que México fabrica de manera ilegal el 6,0 % de opio a nivel mundial, lo que lo convierte en el tercer país productor después de Afganistán (líder absoluto con el 84 %) y Myanmar. Y más del 80 % de la producción mexicana se trafica a EE.UU., que ya ha padecido varias epidemias por consumo de drogas derivadas del opio, principalmente la heroína. La más nueva se debe al fentanilo, un peligroso opioide sintético.
La alerta es creciente, porque en los últimos 10 años las muertes provocadas por el consumo de los derivados del opio aumentaron en un 71 %. Según el Informe Mundial de Drogas 2020, el 66 % de las 167.000 muertes por el uso de drogas ilegales registradas en 2017 se debieron precisamente a los opioides.
Este mes las organizaciones Noria Research, México Unido contra la Delincuencia, el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, San Diego; la Revista Espejo y el portal Pie de Página presentaron el «Proyecto Amapola», una investigación interdisciplinaria que detalla el impacto económico y social de este cultivo en el país.
Ahí, revelaron que ahora, en plena pandemia, los precios de la goma de opio repuntaron en México. En 2017, el kilo se desplomó a 5.000 pesos (unos 250 dólares) debido a que había sido desplazada por el fentanilo, que es sintético, pero desde fines de 2020 los precios oscilan entre 15.000 y 17.000 pesos (de 750 a 850 dólares). Son cifras muy superiores a las ganancias obtenidas con los cultivos legales, lo que explica que siga siendo la mejor alternativa para miles de campesinos. En la primera década de este siglo tuvo su gran auge, con un valor de hasta 30.000 pesos por kilo (1.500 dólares).
Historia
A diferencia de la marihuana, que es una planta ancestral en México, la amapola comenzó a cultivarse en el país recién a principios del siglo pasado, pero no tenía la calidad necesaria para competir con la heroína que provenía de Asia y que entonces representaba el 90 % de la que se consumía en EE.UU.
Con el paso de las décadas, el avance de las políticas prohibicionistas alcanzó a la adormidera, que de cualquier forma se desarrolló y mejoró en suelos mexicanos gracias, en parte, a la demanda de morfina que necesitaba EE.UU. para sus soldados. Hay múltiples estudios de la epidemia de adicción que dejó, por ejemplo, la guerra de Vietnam.
En 1973, el presidente estadounidense Richard Nixon lanzó su guerra mundial contra las drogas y ello implicó la aplicación de políticas intervencionistas en México, en donde a mediados de los años 70 se llevó a cabo el operativo Cóndor que destruyó miles de hectáreas de plantíos de marihuana y amapola, y que incluyó violaciones a los derechos humanos de los campesinos. Las autoridades aseguraron que habían exterminado los cultivos, pero la verdad es que jamás desaparecieron, solo cambiaron de lugar porque las drogas se siguieron produciendo, cada vez en mayor cantidad.
Desde entonces, es una historia repetida: los gobiernos destruyen campos, incautan o queman plantas, detienen a los cultivadores –la escala más baja y vulnerable del negocio narco–, y anuncian el inexistente «éxito» de una guerra que cinco décadas después no tiene un solo balance positivo, ya que hay más drogas, más producción, más organizaciones criminales, más adictos y más víctimas de todo tipo.
Esa falta de resultados es lo que ha provocado que, en los últimos años, avancen las propuestas de regulación no solo de la marihuana, sino, en un objetivo más complejo y ambicioso, de todas las sustancias que han sido prohibidas. La apuesta, que en parte es lo que está haciendo actualmente el Gobierno mexicano, es por regular la cadena de producción, consumo y venta y dejar de criminalizar a campesinos y a usuarios. Abordarlo con un enfoque prioritario de salud y no de seguridad pública.
En el caso de la amapola, se demuestra que la guerra contra las drogas ha tenido resultados negativos no solo por el intervencionismo de EE.UU., sino porque ningún Gobierno en México pudo reducir, hasta hoy y de manera sostenible, la pobreza endémica que padece el país, en particular en estados como Guerrero, que lidera la producción de adormidera, con el 60 % del total, ya que muchas veces se convierte en la única alternativa de sobrevivencia para los campesinos.
Por eso no sorprendió que en agosto de 2018 el Congreso de Guerrero aprobara el primer proyecto de ley para despenalizar el cultivo, producción y comercialización de la amapola con fines medicinales.
Como la iniciativa implica cambios en la Ley General de Salud y el Código Penal federales, fue enviada al Senado mexicano para su discusión y eventual aprobación, lo que no ha ocurrido hasta el momento. Sin embargo, el dictamen sentó un importante precedente, ya que un Poder Legislativo estatal denuncia el fracaso de las estrategias contra el narcotráfico que solo impusieron la violencia y advierte sobre el desabastecimiento de medicamentos derivados del opio en México, lo que podría subsanarse con la legalización.
«La prohibición como política gubernamental sobre el uso de drogas, luego de más de medio siglo, no ha logrado erosionar su oferta legal ni su demanda (…) los beneficios terapéuticos de los medicamentos derivados del opio no han logrado superar las barreras impuestas por el consenso punitivo de drogas», señala una iniciativa que, en algún momento, al igual que ocurrió con la marihuana, tendrá que debatirse a nivel nacional.
Cecilia González RT Noticias
